El rector Waldo Albarracín dijo ayer que es la única institución que hace seguimiento de los casos. La mayoría de las querellas son contra supuestos abogados.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, informó que en tres años, tiempo en el que está como máxima autoridad de esa casa de estudios superiores, se registró 30 denuncias de falsificación de títulos profesionales, la mayoría de abogados.
“En el tiempo que estoy debemos tener, por lo menos unos 30 juicios por falsificación de títulos profesionales”, dijo Albarracín.
El rector aseguró que la mayoría se reportaron en “supuestos” profesionales como abogados, médicos y otros. “Recientemente hemos enviado a la ‘chirola’ (cárcel) a un médico que se hizo pasar como profesional titulado de la UMSA”, dijo. “Ese doctor ya tenía incluso maestría”, añadió.
El primero de marzo, la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro, de Pablo A. C., acusado de ejercer como neurocirujano, por contar con un título falso.
El acusado firmaba como magíster en neurocirugía y trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero en la UMSA se verificó que no hay registros de su título y que sólo cursó cuatro materias en la carrera de Medicina. Sin embargo, esta persona dictaba clases en la UMSA como invitado.
La máxima autoridad de esa casa de estudios superiores remarcó que pese a que la institución hace seguimiento a las denuncias se queda sola en esos procesos. “Se supone que cuando ocurre este tipo de hechos deben ser los colegios de abogados los que sigan el proceso. En este último caso también debería hacer seguimiento el Colegio Médico, porque también es afectado pero no lo hace”, indicó.
Por esa razón, el rector resaltó que la única institución que identifica títulos falsos es la UMSA y que otras casas de estudio no lo hacen y cuando se reporta un hecho de esta naturaleza lo dejan en el olvido.
Ante esa situación, explicó que actualmente las instituciones que buscan contratar personal envían los documentos a la UMSA para identificar si ese profesional tiene la profesión que indica.
“Nosotros tenemos un sistema para verificar la falsedad en el documento. Primero en el cartón, ya que el que entregamos tiene un sistema de seguridad, claves y hologramas que verifican la veracidad del documento. Además, se cuenta con un registro en la Oficina del Registros donde se reconoce de forma rápida si son o no falsos”, dijo.
Aunque aclaró que de los 30 procesos que hay, cinco ya tienen sentencia. “Algunos se acogen al juicio abreviado y eso en parte nos conviene porque no es que la gente se quede años y años en la cárcel, sino que tengan sanción”.
Los que ingresan a juicios abreviados son los que también tienen una sanción de tres años de privación de libertad.
Las declaraciones las hizo ayer en la presentación de una denuncia de falsificación de títulos de dos personas: Neyda Leny Pérez Taquichiri y Jhuri Pabel Flores Rodríguez, quienes supuestamente fueron encubiertos por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Edwin Aguayo, por lo que solicitó su renuncia.
Albarracín explicó que Aguayo encubrió ese delito cuando era presidente del Colegio de Abogados de Potosí.
De acuerdo con esa autoridad, los acusados buscaron inscribirse en el Colegio de Abogados en 2015, pero la entonces presidenta de la entidad, Wilma Blazz, envió los documentos a la UMSA donde se verificó que eran falsos y por eso se inició una querella penal. Pero, Aguayo presidió esa institución y teniendo en su directiva al hermano del diputado Víctor Borda, Marco Antonio Borda, desistió de la querella para favorecer a los denunciados. “El desistimiento se basó en la Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia (348), que no tiene nada que ver con el tipo penal denunciado en este caso”.
Ahora anunció un proceso penal contra ambas autoridades, por lo que solicitó públicamente a Aguayo su renuncia.
Fuente: Página Siete