La sala plena debe emitir la radicatoria de la causa y la Fiscalía tiene 30 días para presentar indicios contra el exmandatario por el arbitraje perdido con Quiborax.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió del Ministerio Público la proposición acusatoria contra el expresidente Carlos D Mesa y tres exministros, y comenzó su análisis.
La Procuraduría General del Estado pidió a la Fiscalía una investigación, luego de perder un arbitraje con la empresa chilena Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
“La Sala Penal del Tribunal recibió la proposición acusatoria del Ministerio Público y tenemos entendido que la analiza, tratándose de un ex dignatario de Estado y ministros que hubiesen cometido un delito, el procedimiento es híbrido entre Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa”, informó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.
A partir de la presentación de la denuncia en el Tribunal, la Sala Penal tendrá que emitir un decreto de radicatoria de la causa y la Fiscalía dispondrá de un plazo de 30 días para presentar el requerimiento acusatorio o rechazar la misma. En este tiempo debe reunir todos los indicios que respalden la denuncia.
Una vez transcurrido este plazo el Ministerio Público puede presentar el requerimiento acusatorio o solicitar el requerimiento de rechazo, lo que implica un archivo de obrados.
A partir de eso, la Sala Penal tiene 24 horas para elevar un informe que dé o no curso al requerimiento. Posteriormente esa instancia pone a conocimiento de la Sala Plena del TSJ el requerimiento acusatorio para que se emita el Auto Supremo que permita remitir antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional y solicitar la autorización de juicio de responsabilidades.
El 18 de mayo el CIADI comunicó al Estado y a la empresa chilena su decisión de desestimar el pedido de anulación del laudo presentada por Bolivia y confirmar el fallo a favor de Quiborax el 16 de septiembre de 2015.
La Procuraduría informó el viernes, que se deberá pagar 57 millones de dólares como indemnización, que incluyen intereses y costas.
Sin embargo, la noche del jueves y luego de conocer la pérdida del arbitraje, esa entidad endilgó esa responsabilidad al expresidente Mesa porque la controversia internacional surgió a raíz del incumplimiento a la Ley 2564, de 9 de diciembre de 2003, y la emisión del Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004 que dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-MetallicMinerals SA (“NMM”), con mayoría de capitales chilenos a través de la empresa Quiborax SA y su presidente Allan Fosk Kaplún.
El proceso
- Respuesta Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos D. Mesa, informó que en las próximas horas habrá novedades sobre el caso.
- Proceso Según el exmandatario, la defensa ante el CIADI fue desastrosa. Quiborax invirtió un millón de dólares y ahora se le debe pagar 57 millones de dólares.
- Alegato El 21 de septiembre de 2015, Bolivia presentó ante la Secretaría General del CIADI una solicitud de Anulación de Arbitraje, que fue rebatida por una serie de fundamentaciones que derivaron en el fallo a favor de la empresa chilena Quiborax.
- Gasto La Procuraduría en la defensa erogó $us 1,3 millones en la defensa, mientras que Quiborax $us 462 mil.
Fuente: Página Siete