El ministro de Economía, Christian Morales, confirmó este viernes que el Gobierno tiene previsto activar un programa de protección social basado en transferencias monetarias directas en caso de que se concrete un nuevo incremento en el precio de la gasolina. La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa La Mañana en Directo de la red ERBOL, donde la autoridad explicó que la estrategia replica la aplicada anteriormente con el Bono PEPE II, instrumento diseñado para amortiguar el efecto del levantamiento de la subvención al diésel sobre la población de menores ingresos.
Morales detalló que el monto específico de la ayuda social «se define en el momento» mediante la revisión de diversas variables económicas y sociales, aunque adelantó que la estructura seguiría la lógica de los programas PEPE y PEPE II, pudiendo denominarse eventualmente PEPE III. «Lo primero que atacamos es la transferencia monetaria, pero acompañada de otro tipo de medidas que van surgiendo al momento de elaborar todos estos paquetes en favor de los más vulnerables», precisó el ministro, quien añadió que también se gestionarán políticas para otorgar mayor liquidez y financiamiento a los sectores productivos.
El contexto de esta advertencia radica en la tensión fiscal que genera el mantenimiento de la subvención a los hidrocarburos. A sus primeros meses de gestión, la administración de Rodrigo Paz Pereira elevó el precio de la gasolina a 6,96 bolivianos el litro; sin embargo, el encarecimiento internacional del combustible, impulsado por los efectos de la guerra, ha mantenido la brecha entre el precio interno y el externo, obligando al Estado a destinar recursos crecientes para sostener el diferencial. Esta presión sobre las arcas públicas obliga al Ejecutivo a evaluar permanentemente la sostenibilidad del esquema actual.
Pese a la existencia de un plan de contingencia social, el ministro Morales enfatizó que no existe una fecha definida para proceder al levantamiento total o parcial de la subvención de la gasolina. La decisión dependerá de revisiones técnicas y económicas que el Gobierno realizará en el futuro próximo. La incertidumbre sobre el calendario genera expectativa en los agentes económicos y en la ciudadanía, que observa cómo el Ejecutivo equilibra la necesidad de ordenar las cuentas fiscales con la obligación de proteger el poder adquisitivo de los sectores más expuestos a la inflación.
Fuente: Opinión



