Tras el reciente atentado perpetrado contra el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el Gobierno nacional ha emitido una instrucción directa a la Policía Boliviana para intensificar los protocolos de seguridad en los recintos penitenciarios de todo el país. El incidente, ocurrido el pasado 18 de noviembre en el penal de El Abra, en Cochabamba, encendió las alarmas de las autoridades ante la vulnerabilidad del sistema carcelario.
El viceministro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Rodolfo Rocabado, informó este viernes que el Ministerio de Gobierno ha dispuesto que la Dirección General de Régimen Penitenciario coordine de manera inmediata con los comandos departamentales de la Policía. El objetivo es ejecutar un reforzamiento integral de los controles y actualizar los planes de seguridad vigentes para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
«El ministro de Gobierno dispuso que la Dirección del Régimen Penitenciario, dependiente de esta cartera de Estado, tome contacto con los comandos departamentales para que puedan redoblar la seguridad en los recintos penitenciarios», señaló Rocabado. Según la autoridad, los nuevos planes de seguridad deberán ser evaluados y remitidos posteriormente al comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, para su validación y ejecución estratégica.
El ataque contra Zeballos, quien se encuentra bajo investigación judicial, se produjo cuando desconocidos realizaron disparos contra la puerta del baño de la celda donde se alojaba. Afortunadamente, el ex fiscal no sufrió heridas de gravedad, pero el suceso ha derivado en la apertura de una investigación formal por el delito de tentativa de asesinato. Este evento ha puesto en evidencia las deficiencias en el control interno de las cárceles, donde el ingreso de armas de fuego representa un riesgo constante para la integridad de los reclusos y el personal administrativo.
Como parte de estas medidas preventivas, se ha dispuesto un incremento específico en la seguridad del penal de Cantumarca, en Potosí. Esta decisión responde a la presencia en dicho recinto del ex fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien es señalado por la Fiscalía como el principal implicado en una presunta organización delictiva dedicada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico. Zeballos, quien era considerado la mano derecha de Mariaca, también está involucrado en este proceso judicial, lo que aumenta la tensión en torno a su custodia.
La situación ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para proteger a los detenidos que poseen información sensible o que están vinculados a casos de alta relevancia pública. Las autoridades han manifestado que este reforzamiento es una medida necesaria para mantener el orden y la disciplina dentro del sistema penitenciario, mientras las investigaciones sobre el atentado en El Abra continúan su curso para identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.
Fuente: El Deber


