Puestos de ropa usada en la feria de El Alto. Foto: Archivo / Página Siete

Los vendedores de ropa usada anuncian protestas desde hoy

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Los comerciantes dicen que sufren abusos y decomisos de parte de la Aduana.

Los comerciantes de ropa usada anunciaron movilizaciones desde hoy   en los nueve departamento del país en  contra la Aduana Nacional de Bolivia. Denuncian decomisos y “abusos” de la entidad.
“Las movilizaciones se realizarán por mandato del ampliado nacional que hubo en Cochabamba. Vamos a realizar marchas en contra de los abusos de la Aduana y por eso también las marchas van a culminar en las aduanas de los nueve departamentos”, dijo  la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui.
La presidenta de la comisión agregó que su sector decidió volver a las protestas porque sus afiliados soportan el decomiso de ropa usada en las trancas de las carreteras e incluso en las propias ciudades.
Además, Verástegui explicó que no sólo los aduaneros proceden a quitar la mercadería a los comercializadores de ropa usada, sino incluso también  “los funcionarios de Tránsito, entonces nos hemos convertido en un objeto de extorsión de parte de todo uniformado en el país”.
“Por eso decirle a la señora Marlene Ardaya (presidenta de la Aduana Nacional ) que nuestro sector está constituido por gente humilde y ella al quitarnos nuestra mercadería está dejando sin fuentes de trabajo y sin capital a mucha gente, nosotros no tenemos alternativas (para cambiar de actividad)”, apuntó.
La importación de la prendería usada está prohibida a través del Decreto Supremo 28761 del 21 de junio de 2006, sin embargo, la comercialización de la misma continúa y según Verástegui  alrededor de 250 mil familias a nivel nacional dependen de la venta de ropa a medio uso.
Ante el anuncio del Gobierno de trasladar controles  a las alcaldías, en abril, Verástegui afirmó que las más de 250 mil familias a nivel nacional que se dedican a vender prendería usada están preocupadas de quedarse sin fuentes de empleo, ya que sus bases temen que los municipios, en caso de hacerse cargo del control, les quiten “sin piedad” sus productos, por lo que anunciaron su interés por tributar por sus mercancías.

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