Una denuncia por presunto cuoteo político en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) desató una investigación que alcanza a diputados oficialistas y genera tensiones entre el Ministerio de Salud y el Gobierno central. La exdirectora de la entidad, Daniela Quiroga, señaló en entrevista con RTP a los legisladores Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por presionar para incorporar personal e intervenir en licitaciones de insumos y equipamiento médico.
Según el relato de Quiroga, Medinaceli —diputado suplente— dispone de una oficina en el piso 19 del edificio presidencial, la Casa Grande del Pueblo, donde se reunió «un par de veces» para tratar contrataciones. La exdirectora afirmó haber recibido entre 60 y 100 nombres recomendados por el legislador, de los cuales unas 40 personas habrían sido contratadas a su pedido. Hasta el 20 de noviembre, ninguna autoridad del Ejecutivo confirmó ni negó la existencia de dicha oficina para el parlamentario.
Ante las acusaciones, el Ministerio de Salud, dirigido por Marcela Flores, emitió un comunicado invocando la Ley 1178 (Safco) para recordar que cada máxima autoridad ejecutiva responde por sus actos. La cartera subrayó que las entidades descentralizadas bajo su tuición gozan de autonomía de gestión y responden por sus decisiones «sin que ello comprometa la responsabilidad de esta Cartera de Estado».
En contrapartida, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, exigió una investigación integral. «No hay nadie que esté por encima de la ley», declaró, y precisó que deben examinarse tanto las denuncias de supuestos cobros a empleados para conservar sus puestos —investigadas desde octubre— como la actuación de los legisladores mencionados en audios difundidos por redes sociales en las últimas dos semanas. Gálvez propuso que la conducta de los diputados sea evaluada en las instancias de ética legislativa.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que solicitará los perfiles de postulantes y contratados para identificar irregularidades. Mientras tanto, la controversia se profundizó con las incorporaciones posteriores a la destitución de Quiroga, ocurrida el 26 de octubre. Los exfuncionarios Roger Montevilla y Gonzalo Muñoz, mencionados en las observaciones de la exdirectora, registraron declaraciones juradas el 27 de octubre, mismo día en que tomó posesión el nuevo director, Carlos Eduardo Audivert.
Audivert aclaró que Montevilla trabajó entre mayo y agosto durante la gestión de Quiroga, por lo que debe determinarse si hubo una reincorporación irregular. Muñoz, por su parte, aseguró que el nuevo director lo invitó a trabajar por su trayectoria profesional y negó conocer personalmente a Medinaceli. Audivert sostuvo que no recibió presiones para contratar y anunció una revisión exhaustiva de expedientes. La Aisem cuenta con 51 unidades operativas a nivel nacional, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.
Fuente: El Deber Radio, El Deber



