La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Mirian Rosell anunció este jueves que solicitará informes oficiales y promoverá una auditoría técnica al Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC) tras recibir denuncias sobre un posible reparto amañado de expedientes judiciales en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz. La decisión se tomó luego de una reunión celebrada el 20 de noviembre con 20 vocales y 200 jueces de la capital cruceña y provincias, donde se expusieron las irregularidades detectadas en la distribución de causas.
Las sospechas recaen principalmente sobre la gestión de Aldo Quezada, quien ocupó la presidencia del TDJ hasta el 22 de octubre, fecha en la que Estados Unidos anunció la revocatoria de su visa. Quezada fue posteriormente sentenciado en el denominado «caso Maletas» y cumple actualmente una detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro de La Paz por el «caso Mariaca», investigación que involucra la protección al narcotraficante Sebastián Marset y que salpica al ex fiscal general Róger Mariaca Montengro.
Rosell asumió la representación de Santa Cruz en la sala plena del TSJ el 11 de noviembre, tras el «asilo» del magistrado Rómer Saucedo, ex presidente del máximo tribunal, quien es requerido por la justicia por su presunta participación en el «caso Maletas» y otras denuncias. «Vamos a solicitar informes y una de nuestras prioridades es recuperar la confianza de la sociedad, de ese ciudadano que busca justicia cada día», declaró la magistrada, quien enfatizó que esta tarea implica combatir la corrupción, atender las denuncias y terminar con privilegios indebidos.
Uno de los datos más graves expuestos durante el encuentro fue la concentración de hasta 2.000 expedientes en manos de un solo juez, incluyendo procesos por narcotráfico y otros delitos de alta relevancia pública. Según las observaciones recogidas, ciertos casos sensibles fueron derivados sistemáticamente a un grupo reducido de jueces, mientras otros despachos no recibían una distribución equitativa de la carga procesal. Rosell también instó a identificar las causas de la mora procesal, recordando que «detrás de cada expediente hay una persona o una familia».
Las denuncias señalan directamente a Andrea R. M., ex responsable de Servicios Judiciales, a quien se atribuye intervención en el reparto de causas y se vincula familiarmente con Saucedo. También se la relaciona con el trámite «expedito» de permisos de viaje de menores en el «caso Maletas», en el que está implicada la ex diputada Laura Rojas.
La magistrada pidió establecer con precisión desde cuándo se produjeron las anomalías y quiénes tenían facultades para intervenir en el sistema de reparto. Consideró indispensable un peritaje técnico del SIGC e instó al Consejo de la Magistratura a activar los procedimientos disciplinarios correspondientes si se identifican responsables. «La justicia ha sido muy golpeada hasta el piso», lamentó Rosell ante los jueces reunidos.
La presidenta del TDJ cruceño, Gladys Alba, respaldó las acciones anunciadas y sostuvo que la administración judicial debe someterse a los controles necesarios para garantizar transparencia. Se espera que en los próximos días se formalice el pedido de auditoría y se inicien los requerimientos de información a las unidades técnicas correspondientes.
Fuente: El Deber Radio, El Deber



