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Bolivia estanca su producción de litio mientras la urgencia financiera apremia

Bolivia posee una de las mayores dotaciones de recursos de litio del planeta y, sin embargo, sigue ocupando un lugar marginal en el mercado internacional. La paradoja ya no puede explicarse solamente por las dificultades técnicas de los salares, la complejidad de la extracción directa o las condiciones geográficas del país. Ni siquiera por los fiascos heredados o las sombras de corrupción que han acompañado a los proyectos estatales desde el principio. Existe un problema de conducción política, de estrategia económica y de capacidad para convertir un recurso natural en una industria competitiva.

La discusión sobre el litio boliviano lleva demasiados años concentrada en anuncios, convenios, plantas piloto, promesas de industrialización y disputas sobre el control estatal. Mientras tanto, los países vecinos avanzan con pasos firmes. Argentina suma proyectos en producción y construcción, atrae capital internacional y utiliza incentivos fiscales para acelerar inversiones. Chile, que ya es un productor consolidado, está reorganizando su industria con participación estatal y alianzas con grandes operadores internacionales. En ambos casos, la certeza regulatoria y la apertura a la tecnología externa han permitido escalar volúmenes que Bolivia apenas roza.

El problema no es que Bolivia carezca de empresas interesadas, de propuestas académicas o de negociaciones. Tampoco existe, en este caso concreto, un obstáculo “constitucional” para abordar cualquier estrategia, pues el propio Movimiento Al Socialismo (MAS) articuló salvedades para darle entrada a empresas privadas que aportaran la tecnología necesaria. Evo Morales firmó acuerdos con empresas alemanas y Luis Arce con consorcios rusos y chinos, pero ningún proyecto fructificó. La industria china domina hoy el mercado de las baterías y controla gran parte de la cadena de valor, lo que reduce el margen de maniobra para los países que no logran insertarse a tiempo.

En un momento de problemas económicos serios, con falta de inversión y escasez de divisas, se suponía que la explotación del litio sería una de las prioridades a resolver por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Sin embargo, hasta la fecha no ha intentado articular esos elementos en una política pública integral, con objetivos verificables, plazos, reglas estables, financiamiento, tecnología seleccionada y una estrategia comercial. La ausencia de un plan oficial favorece, paradójicamente, la cotización internacional del carbonato de litio, al mantener la oferta boliviana fuera de juego.

La dimensión del desafío se aprecia mejor al observar los resultados concretos. Según la rendición pública de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Bolivia produjo 2.462 toneladas métricas de carbonato de litio en 2025, frente a una meta de 3.500 toneladas. El cumplimiento fue del 70,3%. El propio informe atribuye el desfase a la paralización de la planta en marzo por falta de GLP, a la baja concentración de litio en la materia prima y a fallas operativas recurrentes. Estas cifras confirman que, sin una hoja de ruta clara y recursos asegurados, el potencial geológico no se traduce en ingresos fiscales ni en desarrollo industrial.

La urgencia financiera que atraviesa el país exige decisiones que trasciendan el ciclo electoral. La ventana de oportunidad que ofrece la transición energética global no permanecerá abierta indefinidamente. Cada año de parálisis consolida la posición de Argentina y Chile como proveedores confiables y aleja a los inversores tecnológicos que requieren previsibilidad. Bolivia sigue, de hecho, siendo el país que olvidó su litio a pesar de las urgencias financieras.

Fuente: El País (Tarija)